Lo dice la oficina de estadística europea: España es el país de la UE-27 con mayor peso del sistema de protección por desempleo en relación a todo el gasto social. Según el Sistema Europeo de Estadísticas de Protección Social, el gasto en prestaciones y subsidios a los desempleados en España supone el 12,5% de gasto total en protección social (que se calcula sumando desempleo, jubilación, incapacidad temporal, invalidez, viudedad, orfandad y otras). Así, el peso del sistema de protección a los parados en España es el más alto comparado con el registrado por la inmensa mayoría de los países europeos.

Sólo el sistema belga tiene un peso parecido dentro de su gasto social, con un 11,9%. Pero queda realmente lejos de la media experimentada por los países competidores de España, ya que los sistemas de protección a los desempleados tienen en los Quince un peso medio del 5,7% de toda la cobertura social. A primera vista, el elevado nivel de protección al desempleo que Eurostat atribuye a España podría parecer que se justifica por la particular situación del mercado laboral español, que se ha visto más azotado por el paro y, por consiguiente, el peso del gasto en desempleo aumenta. Sin embargo esto no es así, porque los últimos datos disponibles analizados de forma comparativa corresponden a 2006, mucho antes de que la crisis irrumpiera en la economía mundial y se llevara por delante un millón y medio de empleos en España.

De hecho, este ranking se elaboró cuando la economía tenía una tasa de paro del 8%. De ahí la importancia del dato, que fue obtenido en época de bonanza cuando el peso del gasto en desempleo es atribuible más al diseño del propio sistema (esto es al nivel de protección) que al gasto coyuntural derivado de la crisis. En cualquier caso, el dato de España actualizado con el presente nivel de paro, del 17,9% de la población activa, hace que se eleve al 25% el peso de las prestaciones por desempleo sobre todo el sistema de protección social. Para el resto de Europa, no existen datos disponibles más recientes de 2006.

Otra de las circunstancias que ayudaría a justificar este liderazgo sería que España liderara también el ranking de gasto en protección social en general. Pero esto tampoco es así, ya que según esta estadística, España destinó a la cobertura social el 21% de su PIB, frente al 27% de la UE.

Es más, la bonanza económica de la primera mitad de la presente década, llevó a países como Alemania o Reino Unido a recortar los sistemas de protección al desempleo. El caso alemán fue el más drástico, ya que desde el 1 de enero de 2005 se aplicó el mayor recorte de subsidios por desempleo desde el final de la II Guerra Mundial, recortando el periodo de cobro de estas ayudas de 32 a 12 meses como máximo. La sociedad británica, por su parte, ha visto en los últimos años como su Job Centre Plus (el Inem del Reino Unido) ha establecido la retirada de la prestación si el desempleado no acepta las ofertas que se le ofrecen o no demuestra periódicamente que está buscando activamente empleo.

Ahora, los más de cuatro millones de parados con los que cuenta la economía española y, lo peor de todo, las pocas expectativas de recuperación del mercado laboral en los próximos meses o, incluso años, han llevado al Gobierno a ir en contra de la tendencia en la UE y aprobar nuevas mejoras de la cobertura a los parados, con la reciente puesta en marcha de una ayuda adicional de 420 euros, que prolonga los subsidios por seis meses. Esto, unido a la idiosincrasia de la sociedad española, que protagonizó su última huelga general en 2001 por un intento de recorte del sistema de protección por desempleo, hará que mucho tengan que cambiar las cosas para que el sistema español adelgace.

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