La crisis se ha llevado por delante a más de 300.000 autónomos, que hasta ahora no han tenido acceso a una prestación por desempleo. Pero esa situación va a cambiar. El Gobierno estudió ayer un informe que permitirá a los autónomos que cesen su actividad percibir una prestación de entre 583 y 1.383 euros durante un máximo de seis meses. Con ello, el Gobierno da cauce al compromiso que adquirió al aprobar el Estatuto del Autónomo en 2007.

Para tener derecho a la prestación, los autónomos tendrán que cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Los dependientes (quienes perciben más de un 75% de sus ingresos de un solo cliente) y los que trabajan en sectores de riesgo lo hacen de forma obligatoria; no así el resto del colectivo, que podrá optar o no por cotizar para obtener el derecho. El pago mensual mínimo será de 8,3 euros (el 1% de la base mínima reguladora) adicionales a lo que ya pagan por accidentes y enfermedades profesionales, pero se actualizará anualmente.

Lo que el Gobierno hizo ayer fue sólo analizar un informe presentado por el Ministerio de Trabajo. El anteproyecto se verá probablemente el próximo mes de septiembre. Y luego iniciará su andadura parlamentaria, que tendrá que ser rápida para ver la luz antes de 2010.

Desde ATA, la asociación mayoritaria de autónomos, su presidente, Lorenzo Amor, criticó que el informe de Trabajo sólo contempla prestaciones de hasta seis meses de duración y los criterios fijados para determinar el cese de actividad de un autónomo. Por lo que anunció alegaciones. También la UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) propondrá modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo.

Lo que sí vio ayer la luz verde definitiva del Gobierno fue la nueva ayuda mensual de 420 euros para parados sin ingresos, bautizado oficialmente como Programa de protección por desempleo e inserción. En principio, la ayuda, que se aplicará con carácter retroactivo desde el pasado 1 de agosto, se prolongará durante seis meses. Y, según anunció ayer la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, se prorrogará mientras la tasa de paro esté por encima del 17%. Lo que atendiendo a las previsiones del cuadro macroeconómico del Gobierno extiende el programa al menos hasta 2012, ya que para ese año fija una tasa de paro media del 17,1%. No obstante, en el borrador definitivo del decreto que entró al Consejo de Ministros no figuraba este dato, que sí lo había hecho en los textos previos.

El Gobierno calcula que el programa puede beneficiar a 340.000 personas, previa asunción del compromiso de inserción. Esto eleva su coste hasta los 642 millones, menor de lo inicialmente previsto, ya que el ministerio estima que no todos los beneficiarios del programa lo agotarán al encontrar trabajo antes.

Los sindicatos aplaudieron ayer la aprobación del decreto (una demanda de estas organizaciones), pero lo consideran insuficiente. CC OO cree que la nueva renta debería aplicarse a quienes hayan quedado sin protección antes de agosto. "Se ha quedado corto", sentencia Carlos Bravo, responsable de Seguridad Social del sindicato. Menos contundente, el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, admite que la ayuda "actúa sobre un colectivo reducido". Respecto a la prórroga una vez concluidos los seis meses, las dos centrales coinciden en que es necesaria y, por tanto, la exigirán al Gobierno.

También la patronal CEOE coincidió en esta ocasión con los sindicatos -algo extraño en los últimos meses- al calificar de insuficiente la nueva ayuda. Por su parte, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, definió el nuevo programa como un "parche".

El Consejo de Ministros también leyó ayer el informe de la Ley de Economía Sostenible. Con esta norma, de momento poco concreta todavía, el Gobierno pretende impulsar el cambio de modelo productivo. El anteproyecto de la ley que se está elaborando contemplará, entre otras medidas, deducciones fiscales, un fondo para préstamos en actividades "que generen retorno" de 20.000 millones.

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